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Activistas, periodistas y abogados piden protección en Honduras

Honduras es el país con mayores violaciones de los derechos humanos y más riesgo para los defensores, abogados y periodistas según el informe de las Naciones Unidas sobre el tema.

Según el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en Honduras tras la comisión presidencial se registró el más alto número de casos de violaciones de garantías sociales.

Los elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente de la Policía Militar de Orden Público, hicieron un uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas” surgidas después de las elecciones del 26 de noviembre de 2017, lo que “provocó violaciones del derecho a la vida y a la integridad física”, señala el ente de la ONU en su informe 2017.

Donde se revela que “en las protestas por un presunto fraude murieron 22 civiles y un agente de policía, mientras que 1.351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre pasado, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción que se declaró”.

La ACNUDH espera que Honduras realice “investigaciones prontas, efectivas, independientes y transparentes sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos” durante la crisis postelectoral y que “las víctimas tengan acceso a un recurso efectivo y una reparación”.

El informe también revela los peligros a los que se enfrentan activistas de derechos humanos en Honduras, revelaciones que motivaron un encuentro del presidente de Juan Orlando Hernández, con representantes del Consejo Nacional de Protección para Defensores de los Derechos Humanos, periodistas y operadores de justicia, para abordar el tema de la protección a estas agrupaciones y gremios profesionales que se han visto amenazados en el ejercicio de sus funciones.

El Consejo de Protección, tiene 2 años activados en Honduras y han protegido a 211 personas, incluyendo periodistas. En la reunión los activistas pro derechos humanos, abogados y periodistas pidieron la creación de una fiscalía especial de protección.

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