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Gobierno costarricense presentó plan para contener gasto público

La ministra de Hacienda de Costa Rica, Rocío Aguilar, reveló este miércoles en la Asamblea Legislativa el plan de contención del gasto del gobierno ante la difícil situación fiscal que vive el país centroamericano.

Aguilar, acudió a la convocatoria de los diputados a presentar su propuesta de contención de gasto, que busca facilitar la aprobación de una reforma fiscal para evitarle una crisis económica al gobierno costarricense y ponerle freno al crecimiento del gasto público en las anualidades de los funcionarios, así como en otros incentivos.

El gobierno costarricense decidió mantener fijo el monto que paga por anualidad a cada uno de sus empleados, de manera que este plus no tendrá aumento alguno.

La jerarca enumeró los factores que arrastraron las finanzas de Costa Rica al déficit fiscal, entre las que destacan el surgimiento de nuevos derechos y garantías, un crecimiento sostenido del número de instituciones, hasta llegar a superar las 330.

También mencionó el crecimiento inercial de la masa salarial por encima del crecimiento real de la economía y una reducción de la carga tributaria, tanto como resultado de tasas de crecimiento menores a las observadas en décadas anteriores (5% del PIB vs 3% del PIB), como de una transformación en la economía que refleja un mayor peso en el sector servicios.

Estos son los principales recortes y acciones para contener el crecimiento del gasto público que implementará el gobierno de Carlos Alvarado. Las propuestas pertenecen al discurso de la Ministra de Hacienda costarricense.

Se exhorta a los Poderes de la República y al resto del sector público a actuar en consonancia con esta medida, la cual culminará cuándo suceda una de dos circunstancias:

  • La introducción de una modificación en el expediente 20.580 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), que establezca que todos los pluses porcentuales queden definidos nominalmente, permitiendo de esta forma que las remuneraciones crezcan conforme a la inflación o la aprobación de una nueva ley de empleo público.
  • A partir del 1° de junio de 2018, el monto que se paga por cada anualidad se mantendrá fijo, es decir, no tendrá crecimiento. Esta medida genera a lo largo de cuatro años un ahorro de $170 millones incluidas las cargas sociales. En el primer año el ahorro será de $14.6 millones, suma equivalente al presupuesto ejecutado por la Presidencia de la República en 2017.
  • Se mantiene sin variación el valor de los puntos que se asignan al incentivo de carrera profesional que reciben los empleados públicos. Para los nuevos funcionarios no se reconocerá puntos de carrera profesional por el título que exija su puesto. El ahorro de esta medida es de $2.6 millones anuales, es decir, en un lapso de 4 años el ahorro superará los $10.4 millones.
  • Producto de un aumento fijo en el salario base de otros pluses, como dedicación exclusiva y prohibición, se generará un ahorro anual de $4.7 millones.
  • Se podrá utilizar hasta en un máximo del 25% del total de plazas vacantes, lo que significará un ahorro de $30 millones en el presupuesto del 2018. La medida se mantendrá bajo vigilancia los cuatro años de la Administración Alvarado Quesada.
  • No se autorizarán nuevas reasignaciones de puestos (por el resto de la Administración Alvarado). Se excluyen aquellas que a la fecha de la directriz que contemplará esta medida se encuentran en curso. El ahorro anual estimado es $4.4 millones, cifra equivalente al presupuesto de obras específicas ejecutado en 2017.

Todas estas medidas generarían un ahorro de $48 millones en el primer año y de $30 millones en plazas vacantes en el 2018.

  • Se reduce el presupuesto de pago de horas extra en 50%. Se estima un impacto en el presupuesto del 2018 de $5.8 millones. Esta medida se mantendrá bajo vigilancia los cuatro años de la Administración Alvarado Quesada.
  • Se reduce el presupuesto de publicidad en 30%, con excepción del Instituto Costarricense de Turismo. Se estima un impacto de $307 mil en el presupuesto del 2018.
  • Se reduce en 30% el gasto de viajes y viáticos al exterior. Con excepción del Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Instituto Costarricense de Turismo. Esta medida generaría un impacto de $307 mil.
  • Se reduce en 50% el gasto en actividades protocolarias y sociales. Con excepción de Casa Presidencial y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Esta medida generaría un impacto de $175 mil.
  • Se reduce el presupuesto de servicios económicos y sociales en 20%. Esta medida generaría un impacto de $567 mil y se mantendrá bajo vigilancia los cuatro años de la Administración Alvarado Quesada.

El ahorro generado por estas medidas en el presupuesto es un estimado de $11 millones.

  • Con excepción del servicio de la deuda, pensiones y los gastos de capital, el resto del presupuesto se mantendrá con el mismo monto nominal del presupuesto aprobado en el 2018.
  • A partir del 2019 se aplicarán $106 millones por año de superávit libre para amortizar deuda.
  • Este grupo de medidas, junto con la aprobación del expediente legislativo (20.580) y la aprobación de una Ley de Empleo Público que empiece a regir a partir del 2020 para los nuevos financionarios, en un periodo de cuatro años, permitirá alcanzar un déficit financiero de 3% del PIB.
  • No se autorizarán nuevos alquileres, salvo aquellos provenientes de estado de necesidad u órdenes sanitarias.
  • Se procurará que al menos 10% de los funcionarios realicen teletrabajo.
  • Se incentivará el uso de la firma digital.
  • En materia de compras públicas, no se autorizarán pagos a contrataciones realizadas fuera de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Esta medida aplicará a las compras de Gobierno Central iniciadas con posterioridad a la emisión de la respectiva directriz.
  • El Gobierno emitirá una directriz que obligue a la renegociación de convenciones colectivas. Además del Ministerio de Trabajo, se integrará al Ministerio de Hacienda en la Comisión de Negociaciones.
  • Se aplicará una retención de la contribución solidaria a más de 200 pensionados de lujo del Magisterio Nacional, lo cual permitirá recaudar más de $3.5 millones por año.
  • El Gobierno emitirá una directriz con la participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Hacienda, orientada al uso adecuado de las tecnologías de información, entre ellas el uso de la videoconferencia que permita alcanzar al menos un 15% de las reuniones de manera remota, el uso de soluciones informáticas en la nube y convenios para el uso de centros de datos con capacidad instalada.

Todas las acciones del Poder Ejecutivo antes enumeradas se plasmarán mediante decretos ejecutivos, directrices y medidas administrativas.

Aguilar pidió a los diputados aprobar varios proyectos de ley que están en la corriente legislativa y que complementaría la reforma fiscal para generar ingresos o ahorros importantes que contribuirían con la reducción del déficit fiscal.

Estas son las iniciativas de ley por las que abogó la jerarca de Hacienda.

  • Aprobar el proyecto de ley que plantea la fusión del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) con el Banco de Costa Rica (BCR), que le permitirá al Ministerio de Hacienda recuperar un total de $200 millones, cifra cercana al presupuesto de esta cartera.
  • Ley para el Ordenamiento de las Exoneraciones, No. Exp.19.531.
  • Ley para el Uso de Mecanismos de Financiamiento en el Mercado Internacional, Nº Exp.20.535.
  • Reincorporación del apartado de destinos específicos al expediente 20.580.
  • Incorporación en el expediente 20.580 de un apartado que contemple para todo el sector público, la transformación de los actuales incentivos laborales establecidos como porcentaje del salario base, a monto nominal. Esta será una medida que coadyuve al crecimiento ordenado de la masa salarial.
  • Avanzar en la aprobación de la regla fiscal constitucional.

Aguilar dijo que las medidas no deben venderse como la solución definitiva, sino como el inicio de un reordenamiento de las finanzas públicas.

“Sabemos que estas medidas no son suficientes para seguir cumpliendo con nuestro contrato social, hemos querido evitar una crisis que tendría un enorme perjuicio para las familias. Los niveles de endeudamiento de nuestra población son diferentes a los de la crisis de los 80. Hoy, la gente tiene comprometido su salario. Ha decidido el presidente que este es un tema de primer orden”.

“Hasta donde llega mi conocimiento, estas medidas son inéditas en el Gobierno Central, y se toman para sanear las finanzas públicas, son necesarias pero no suficientes”.

La ministra alertó sobre el riesgo que enfrenta Costa Rica para seguir siendo una nación solidaria, próspera, inclusiva y de la cual sentirse orgullosos. “No tomar medidas es acelerar la crisis. El tiempo se nos agotó”, advirtió.

CB24

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