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Presidente de Costa Rica se presentó en Sala Constitucional para abogar por fin de pensiones de lujo

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica en audiencia de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Casa Presidencial de Costa Rica /18 de octubre del 2018.

El presidente de costa rica, Carlos Alvarado se presentó en una audiencia oral en la sala constitucional para abogar por el fin de las pensiones de lujo en este país centroamericano.

Jerarcas del ejecutivo costarricense aportaron argumentos sólidos sobre la constitucionalidad de los topes implementados a las pensiones en 2014, cuya aplicación se encuentra actualmente suspendida.

“La única finalidad de esta comparecencia es abogar por el fin de las pensiones de lujo en Costa Rica, con el respaldo de razones jurídicas, financieras, técnicas y éticas, buscando regímenes de pensiones equitativos, sostenibles y solidarios”, declaró este jueves el presidente  Alvarado  en audiencia oral en la Sala Constitucional.

El mandatario costarricense agregó que es una oportunidad no solo para hacer lo legal sino lo correcto y devolver la confianza ciudadana a las instituciones.

“Lo que está en juego aquí es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Porque este es un tema, el de las pensiones de lujo, que ha generado la molestia generalizada en nuestra propia institucionalidad por la injusticia que representa”, dijo el presidente de este país centroamericano.

El Presidente de la República compareció en audiencia oral ante la Sala Constitucional, junto al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez Rímola, la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya,  el Director Nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora Lizano y el director del grupo asesor legal Presidencial, Marvin Carvajal.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, se refirió al imperativo de la aplicación del tope a las pensiones como parte de las acciones para enfrentar la difícil situación fiscal que vive el país.

Informó que los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto representan el 2.9% del PIB, el equivalente al 22% de todos los ingresos que percibe el Estado y que la contraprestación apenas alcanzaban el 7.5%. “No es sostenible que el estado costarricense que pueda mantener el nivel de pensiones”, puntualizó.

Por su parte, Marvin Carvajal hizo una defensa exhaustiva, desde el punto de vista jurídico, de los topes de pensiones y la adecuación de estos con la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

En coincidencia, el Procurador General de la República, Julio Jurado, esgrimió, entre otros argumentos, la constitucionalidad de aplicar tope a pensiones, tal y como ha sido reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misma Sala Constitucional.

La exposición del Poder Ejecutivo concluyó con la intervención del ministro de Trabajo, Steven Núñez, quien brindó una explicación detallada en la que refutó de manera clara los argumentos en contra de la fijación de topes a las pensiones.

Núñez aclaró que el mecanismo de revalorización de una pensión no constituye en modo alguno un derecho adquirido, por lo que estas pueden ser ajustadas mediante nuevos parámetros, tal como lo ha reconocido la Procuraduría General de la República.

Armando Gómez, Redacción CB24 y Casa Presidencial de Costa Rica 

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