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Migrantes devueltos de EE.UU. y abandonados en norte de México

El autobús con docenas de centroamericanos procedentes de la frontera con Texas se detuvo en plena noche a un costado de la terminal de Monterrey. Hombres y mujeres con niños en brazos o pequeños que se tambaleaban somnolientos a su lado, se miraban asustados y sin saber qué hacer.

Pensaron que llegarían a un albergue donde vivirían mientras buscaban trabajo y encontraban escuela para sus hijos. Sin embargo, estaban abandonados en esta ciudad industrial de más de cuatro millones de habitantes en el norte de México, en mitad de una calle en una zona llena de clubs y cabarets con carteles en busca de bailarinas.

En la última semana, la prensa internacional presenció varias escenas similares en dos terminales de Monterrey donde fueron abandonados a su suerte al menos 450 centroamericanos, casi la mitad de ellos menores, que habían sido devueltos a México desde Laredo, Texas.e

Desde enero, México ha recibido a unos 20.000 solicitantes de asilo en Estados Unidos para que esperen allí la resolución de su caso, pero no se conocían traslados de este tipo hasta este mes, cuando comenzaron las devoluciones por Tamaulipas, un violento estado del noreste mexicano al que el Departamento de Estado estadounidense recomienda no viajar debido a la presencia del crimen organizado.

Las autoridades migratorias no respondieron directamente a lo que presenciaron periodistas internacionales. Al solicitar comentarios al gobierno mexicano, el Instituto Nacional de Migración (INM) envió un mensaje de dos párrafos en el que señaló que colabora con las autoridades consulares y en los tres niveles de gobierno en el país para atender a los retornados, y trabaja para “mejorar las condiciones en las que las personas migrantes aguardan sus procesos en territorio nacional”.

La semana pasada, Maximiliano Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores, reconoció que los migrantes estaban siendo trasladados desde Nuevo Laredo y dijo que era por su seguridad, aunque no ofreció más detalles ni dio explicaciones sobre por qué eran abandonados a su suerte al llegar a Monterrey.

“Está claro que es muy importante sacar a la gente de las ciudades fronterizas que son muy peligrosas”, dijo a la prensa internacional Maureen Meyer, experta en migración de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), un centro de estudios y promoción de los derechos humanos en la región. “Pero al meterlos en un autobús y llevarlos a otro lugar sin explicares qué les espera, sin tener nada preparado para recibirles y ayudarles, el gobierno mexicano les está exponiendo a mayores riesgos”.

Esta historia se basa en entrevistas en persona con más de una veintena de migrantes que hicieron el viaje de 220 kilómetros desde Nuevo Laredo a Monterrey la semana pasada.

A diferencia de otros solicitantes de asilo que se registraron en listas y esperan su turno en ciudades mexicanas fronterizas, estos centroamericanos trasladados a Monterrey habían llegado a Estados Unidos de forma irregular, cruzado el Río Bravo de forma ilegal, habían pasado varios días detenidos allí y fueron devueltos a territorio mexicano con una fecha de audiencia. Algunos comentaron que funcionarios estadounidenses les dijeron que las únicas dos opciones que tenían eran firmar el papel para solicitar asilo o quedarse en el centro de detención.

“No sé por qué me dieron este documento, si yo no pedí eso”, dijo Antonio Herrera, un policía hondureño que había solicitado la deportación voluntaria porque su hija de 7 años no se encontraba bien.

Javier Ochoa, un nicaragüense que viajaba con su hijo de 16 años, sí quería pedir asilo, porque volver a su país es muy peligroso para el adolescente, quien participó en las protestas antigubernamentales. Pero Ochoa no pudo explicar su caso: “No nos hicieron entrevista, solo firmar, ‘te guste o no’”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios, pero los migrantes entrevistados coincidieron en que los funcionarios estadounidenses les aseguraron que el gobierno mexicano les daría trabajo, escuelas para sus hijos y atención médica mientras esperaban la resolución de su caso.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a ofrecerles todo eso. Sin embargo, al llegar a Nuevo Laredo el escenario era muy distinto. VOA/CB24

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