Activista hondureña asesinada estaba en la mira de empresa

Meses antes de su muerte, la activista Berta Cáceres denunció que estaba recibiendo amenazas de muerte relacionadas con las protestas que organizaba en torno a un proyecto hidroeléctrico en tierras ancestrales de la comunidad indígena lenca.

En esta fotografía de archivo, que fue tomada el 3 de marzo de 2016, el cuerpo de la líder indígena y medioambiental Berta Cáceres es sacado de la oficina del forense en Tegucigalpa, Honduras/Foto: AP

En esta fotografía de archivo, que fue tomada el 3 de marzo de 2016, el cuerpo de la líder indígena y medioambiental Berta Cáceres es sacado de la oficina del forense en Tegucigalpa, Honduras/Foto: AP

El tres de marzo, individuos armados ingresaron por la fuerza a la casa de Cáceres durante la noche, le dispararon cuatro veces y también hirieron a un activista mexicano que se hizo pasar por muerto. El asesinato generó condenas y pedidos de una investigación independiente, en parte por la prominencia internacional que había logrado Cáceres al ganar el prestigioso Premio Ambiental Goldman.

La muerte de Cáceres estuvo rodeada de un manto de misterio hasta el lunes, cuando las autoridades detuvieron a cuatro personas, incluido un empleado de seguridad que trabajaba, como contratista, para Desarrollos Energéticos SA, o DESA, la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El hecho de que los detenidos tengan lazos con DESA y con el ejército no sorprende a los familiares y allegados a Cáceres, quienes sospechan desde hace tiempo que la compañía y funcionarios del gobierno y de las fuerzas armadas hondureñas están involucrados en el asesinato.

Documentos judiciales de 2014, que no habían trascendido hasta ahora, indican que el gobierno y DESA trataron reiteradas veces de empañar la imagen de Cáceres y de sus colegas, pintándolos como anarquistas violentos deseosos de aterrorizar a la población con sus protestas en el sitio del proyecto. En presentaciones que pedían la prohibición de las manifestaciones, Cáceres y otros dos líderes de su organización son acusados de “usurpación, coacción y daños continuados”, e incluso de socavar el orden democrático.

Los activistas dicen que el lenguaje fuerte ayudó a generar un clima hostil muy peligroso, que asocian directamente con el asesinato.

AP/CB24

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