Asamblea Nacional de Venezuela aprobó acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional

Asamblea Nacional de Venezuela / Foto: Unidad

Asamblea Nacional de Venezuela / Foto: Unidad

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este miércoles un acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional y a la permanencia de la situación de golpe de Estado en el país, perpetrado tras las sentencias Nº 155 y 156 que emitió la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En el documento se establece que no se ha recuperado el orden democrático del país, pese a que el TSJ suprimió de dichos fallos los párrafos sobre la inmunidad parlamentaria y la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional, sino que confirma que el Ejecutivo todavía mantiene el control de decisiones que le corresponden al Poder Legislativo a través de dictámenes que anteceden.

Durante la sesión extraordinaria, los diputados por la Unidad Democrática (oposición) reafirmaron que en el país se siguen violando los derechos constitucionales y la autonomía de los poderes públicos. Al mismo tiempo que exigieron la destitución de los magistrados responsables de elaborar las distintas sentencias que han permitido un “autogolpe continuado” al ente Legislativo.

El diputado opositor Henry Ramos Allup, afirmó que desde el 6 de diciembre de 2015, fecha en que la oposición obtuvo la mayoría de los escaños del hemiciclo, el Gobierno organizó un plan político, con el apoyo del TSJ, el alto mando militar y los colectivos para ir dejando sin funciones a la AN, lo que denominó como el comienzo del “autogolpe continuado”.

“El 23 de diciembre de 2015, la anterior Asamblea, presidida por Diosdado Cabello, designó en un procedimiento violatorio de la Constitución a un conjunto de magistrados y el 30 de diciembre del mismo año, antes que tomáramos posesión como diputados el 5 de enero de 2016, la Sala Constitucional declaró nula y sin efecto el acto de proclamación de los diputados del estado Amazonas”, aseguró.

Explicó que estas decisiones que anteceden a las últimas publicadas por el máximo órgano judicial, dejaron sin las dos terceras partes que le otorgaban a la oposición la mayoría calificada dentro del Parlamento.

Agregó que cuando el Estado se dio cuenta de la grave repercusión que generaron los fallos Nº 155 y 156, “agarraron una tijera y mutilaron de las sentencias, las partes que crearon polémica y san se acabó”, señaló.

Sin embargo, dijo que quedaron íntegros los puntos, en los cuales, Nicolás Maduro tiene el control de decidir sobre los contractos de interés nacional, concesiones y endeudamiento público, sin el permiso de la Asamblea Nacional.

Por su parte, el primer vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, precisó que toda esta situación se ha basado en un modelo político de “quienes asumieron y secuestraron las instituciones del Estado” para implantar un gobierno dictatorial.

Expresó que se suprimió a la Asamblea Nacional, en el instante que el Poder Judicial empezó a “anular” cada una de las leyes. “Andan con el cuento que la AN está en desacato porque los diputados del Amazonas estuvieron incorporados a pesar de que ellos decidieron que no debían estar acá (en el Parlamento)”, recalcó.

“No es un problema de desacato, es un problema de unos dictadores que no quieren reconocer que perdieron el respaldo del pueblo y no quieren respetar a la AN y a la Constitución”, acotó.

Guevara, declaró que el único objetivo de los diputados por la Unidad Democrática es restaurar el hilo constitucional, la salida de la dictadura y el establecimiento de un nuevo mandato en el país, pero para llegar a ello deben devolvérsele todas las competencias a la Asamblea y convocar a elecciones.

Asimismo, el legislador Juan Pablo García, subrayó que el régimen de Maduro intentó simular ante el resto del mundo que eran demócratas, pero lo que realmente demostraron es que no existe división de poderes públicos en Venezuela. “Para que haya un Estado de Derecho tienen que poner en libertar a todos los presos políticos y llamar a elecciones”, manifestó.

En la sesión, los diputados también aprobaron un acuerdo de activación del proceso de remoción de los magistrados del TSJ, por ser protagonistas del rompimiento constitucional en Venezuela.

El parlamentario, Enrique Márquez, aclaró por qué se habla de un golpe de Estado en el país, cuando todos están acostumbrados a que los golpes sean ejecutados por militares, pero, en esta oportunidad, en Venezuela “las bayonetas fueron sustituidas por togas”, en referencia a las sentencias que emitieron los magistrados del TSJ.

“Las togas de esos magistrados, la presencia de ellos en la Sala Constitucional es la que ha permitido que se configure este atentado contra la Carta Magna y es un proceso continuado desde el año pasado”, enfatizó.

Sentenció que el interés del Gobierno no solo ha estado enfocado en “liquidar” a la AN, sino en desaparecer la voluntad del pueblo. “Tenemos que rescatar la AN para generar el cambio político que requiere Venezuela”, dijo.

El presidente del Poder Legislativo, Julio Borges, mencionó que “hoy lo que están viendo acá no es un parlamento; es un grupo de venezolanos resistiendo a un golpe de Estado”, contó.

Mientras el legislador, Carlos Berrizbeitia, mantuvo que el Tribunal Supremo de Justicia es “un cáncer cuya metástasis está en la Sala Constitucional”. Se preguntó cómo el gobierno puede hablar de democracia cuando hay un golpe continuado al órgano Legislativo. “La propia Fiscal General ha admitido la falta grave contra la Constitución, lo que nos da la potestad de removerlos. A nosotros nos eligió el pueblo venezolano, a ellos los designó Maduro para protegerse y mantenerse en el poder”.

Durante el debate de ese punto y después de no asistir a por lo menos 20 sesiones de la AN, el diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada oficialista, participó para alegar que no se pueden destituir a los magistrados sin la calificación de falta grave del Poder Ciudadano y las dos terceras partes de la mayoría calificada del Parlamento.

NP

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