Esclavitud, trabajo infantil ligado a industria de camarones

Trabajadores migrantes pobres y niños son vendidos a fábricas en Tailandia y obligados a pelar camarones que terminan en cadenas de abastecimiento globales, incluidas las que sirven a Wal-Mart y Red Lobster —el mayor minorista y la mayor cadena de marisquerías del mundo, respectivamente— según una investigación de The Associated Press.

Niños y adolescentes esperan sentado a ser registrados por funcionarios durante un registro en una fábrica de gambas en Samut Sakhon, Tailandia/Foto: AP

Niños y adolescentes esperan sentado a ser registrados por funcionarios durante un registro en una fábrica de gambas en Samut Sakhon, Tailandia/Foto: AP

En la fábrica Gig Peeling Factory, había casi 100 trabajadores birmanos atrapados, la mayoría trabajando por un sueldo mísero. Pasaban 16 horas al día con sus doloridas manos en agua helada, quitando las tripas, cabezas, colas y conchas de los camarones. Una niña era tan pequeña que tenía que ponerse de pie sobre un taburete para llegar a la mesa de trabajo. Algunos pasaron así meses, incluso años. Siempre había alguien vigilando.

“No nos dejaban descansar”, dijo Eae Hpaw, de 16 años, cuyos brazos son un mosaico de cicatrices de infecciones y alergias relacionadas con el marisco. “Dejábamos de trabajar alrededor de las 7 de la tarde. Tomábamos una ducha y dormíamos. Luego volvíamos a comenzar alrededor de las 3 de la madrugada”.

Más de 2.000 pescadores atrapados han sido liberados este año como resultado de una serie de investigaciones, todavía en marcha, de The Associated Press sobre la esclavitud en la industria pesquera tailandesa. Los reportes han llevado además a docenas de detenciones, incautaciones valoradas en millones de dólares y propuestas de nuevas leyes federales.

La trata de personas generalizada ha ayudado a convertir a Tailandia en uno de los mayores proveedores de camarón del mundo. A pesar de las reiteradas promesas de empresas y gobierno de limpiar la industria de exportación pesquera del país, valorada en 7.000 millones de dólares, los abusos persisten alimentados por la corrupción y la complicidad entre policía y autoridades. Las detenciones y enjuiciamientos son poco habituales. Las redadas pueden terminar enviando a migrantes sin documentación legal a la cárcel, mientras los propietarios quedan impunes.

AP/CB24

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