Hacinamiento en cárceles de El Salvador, un problema tratado con pasividad

El gran hacinamiento carcelario en El Salvador, que condujo a la Corte Suprema de Justicia a declararlo inconstitucional, es un grave problema que desde hace dos décadas se trata con pasividad en este país, estimaron organismos de derechos humanos.

Imgagen con fines ilustrativos

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“El hacinamiento, a pesar de lo grave que es, se ha visto con pasividad o se ha dejado de un lado por parte del Ejecutivo durante décadas, lo cual nos ha parecido una situación inhumana y degradante”, dijo a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro.

La veintena de cárceles de El Salvador, según la Dirección de Centros Penales, albergan a 33.542 internos a pesar de tener una capacidad instalada para 10.109 reos, lo cual representa una sobrepoblación del 231%.

Otros 5.000 detenidos permanecen en celdas de la Policía que no reúnen las condiciones mínimas para la detención, ya que en calabozos de 10 metros cuadrados permanecen entre 30 y 40 personas privadas de libertad con carencias de agua, ventilación y otros servicios básicos, como la alimentación, de la que se encargan los familiares.

La Sala de lo Constitucional de la Corte declaró que “es inconstitucional el cumplimiento de las penas de privación de libertad en condiciones de hacinamiento, ya que se vulnera el derecho a la integridad personal”.

La Corte ordenó “el cese de la condición de hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad” y ordenó a las autoridades administrativas construir nuevos establecimientos penitenciarios y adecuar como prisiones otros inmuebles estatales, como cuarteles militares.

AFP/CB24

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