Honduras: Periodistas exigen derogación de artículo que castiga a medios por apología

Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asegura que son os diputados del Congreso los que tienen la potestad para derogar el artículo 335-B / Foto: Presidencia

La aprobación de las reformas del Código Penal en Honduras ha levantado las alarmas entre los periodistas y dueños de medios de comunicación, quienes critican el artículo que tipifica el delito de “apología e incitación a actos de terrorismo”.

El artículo 335B del Código Penal hondureño penaliza a “quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinada al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo”.

Los trabajadores de la comunicación exigen que el artículo sea derogado, por violentar garantías constitucionales, especialmente aquellas que garantizan la libre expresión y emisión del pensamiento.

Sin embargo, el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asegura que es respetuoso de la libertad de expresión y que los diputados del Congreso Nacional “son los que tienen la autoridad” para derogar el artículo 335-B del Código Penal”

“Me parece que aquí hay dos conceptos muy importantes que cuidar: uno es la libertad de expresión, que a ningún periodista, a ningún medio de comunicación se le limite en su ejercicio de poder informar, de poder comunicar lo que actualmente está pasando”, dijo Hernández.

El mandatario argumentó que “no es lo mismo que un medio informe que ocurrió un hecho, por dantesco que sea, tan difícil de digerir que sea, pero se informe, a utilizar el medio con frases u opiniones que promuevan que se siga haciendo: esa es la gran diferencia (…) Por eso es que aquí tienen que existir parámetros que permitan que un juez eventualmente no tenga mucha discrecionalidad y pueda irse por una línea de generarles a ustedes un problema en su legítimo ejercicio”.

Entretanto, la Sociedad Interamericana de Prensa instó al gobierno de honduras a derogar el decreto, pues considera que contraviene los principios universales en materia de libertad de expresión y “representa una restricción ilegítima de la libertad de información” que podría aplicarse “de forma arbitraria” en perjuicio de medios y periodistas.

Redacción

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