HRW: Justicia entorpece la lucha contra la impunidad en Guatemala

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Carrera contra el tiempo. Así define en su informe Human Rigths Watch la manera cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad. Las justificaciones de esta afirmación vienen reflejadas en un documento de 59 páginas, en el que se examina un patrón de demoras reiteradas e injustificadas en casos penales iniciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.

Según Daniel  Wilkinson, director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch, la lucha contra la impunidad en Guatemala ha llegado a un punto de inflexión.

“Después de superar los esfuerzos desesperados del presidente y el Congreso por sabotear su labor, la CICIG debe lidiar en la actualidad con un poder judicial cuyas fallas podrían impedir que se juzguen los casos más importantes del país”, aseguró Wilkinson.

La crisis institucional que se originó en agosto de 2017, cuando el presidente Jimmy Morales expulsó al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez; y el intento del Congreso, en septiembre, de desvirtuar las leyes que aplican la CICIG y el Ministerio Público para juzgar casos de corrupción y abuso de poder. Son puntos de referencia presentados por Human Rigths Watch.

De igual forma, el informe señala el retraso que han tenido los casos de corrupción como el de La Línea, en el que está implicado el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxanna Baldetti, y que lleva mas de dos años en los tribunales.

Estos procesos se han sumado a una lista cada vez más extensa de casos que involucran a poderosos acusados y que quedan estancados en instancias previas al juicio. Algunos de ellos llevan más de cinco años en esas instancias. Por ejemplo el caso de Marlena Blanco Lapola, exdirectora de la Policía Nacional y exviceministra de Gobernación, quien fue acusada en 2012 de ordenar la ejecución de presuntos delincuentes. Cinco años y medio más tarde, todavía no ha comenzado el juicio.

“Si las demoras judiciales logran postergar los procesos hasta que se haya terminado el mandato de la CICIG o hasta que la Fiscal General deje el cargo, podrían fracasar los esfuerzos por perseguir penalmente estos casos, y la corrupción e impunidad terminarían afianzándose en el país con mucho más fuerza”, resaltó Wilkinson.

Human Rights Watch destaca que durante 2017, la Corte de Constitucionalidad ha cumplido un rol decisivo para proteger a la CICIG de los intentos del presidente Morales y del Congreso para frustrar su trabajo, pero que también ha sido la causante de retrasos en otros casos.

NP / Redacción

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