Legisladores hondureños dan marcha atrás a polémico artículo que coarta la libertad de expresión

Operativo de Policía Nacional de Honduras. Foto: Policía Nacional Honduras.

El Congreso de Honduras dio marcha atrás al polémico artículo estipulado en la reforma del Código Penal que coarta la libertad de expresión

Los legisladores trabajaran de manera conjunta con los miembros del Colegio de Periodistas para redactar nuevamente el artículo que establecía que quien “públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo, o de quienes hayan participado en su ejecución o incitare a otro a cometer terrorismo o financiarlo, sería sancionado con penas de 4 a 8 años de prisión”.

Este artículo, aprobado por la mayoría del Congreso durante la discusión de la reforma del Código Penal, generó un revuelo en el gremio de periodistas y defensores de los derechos humanos, quienes denunciaron que el mismo violaba la libertad de expresión y de prensa.

Los legisladores, periodistas y dueños de medios llegaron a un acuerdo y, a pesar de que el Ejecutivo va a sancionar las reformas por su carácter de urgencia, en el momento que el Congreso reanude las sesiones, se nombrará una comisión técnica que modificará la redacción del polémico artículo.

Recordemos que la reforma del Código Penal se realizó a solicitud del Ejecutivo, tras el incremento del accionar delictivo de las pandillas en Honduras que, en lo que va de año, ya ha cobrado la vida de al menos una docena de personas.

Alcances de las reformas

Afirmó el titular del Ejecutivo que las reformas comprenden aspectos muy importantes; “y ahora, con el simple hecho de amenazar, de intimidar, de generar terror con la amenaza o agredir verbalmente con el propósito de obtener un beneficio económico, eso será considerado como crimen de extorsión”.

Hernández refirió que antes “había que esperar que el hecho se consumara, es decir, no solamente recibir la amenaza, sino hasta que se entregara el dinero; ahora no”, porque se le da validez a la prueba anticipada.

El gobernante expuso que estos actos de intimidación serán considerados como “delito de terrorismo, actos de violencia, quema de buses o edificios”.

Dentro de ese mismo paquete de reformas penales, mencionó el mandatario que “se permite inhabilitar cualquier servicio telefónico o de internet que sean utilizados para comunicación por parte de los privados de libertad”.

Asimismo, se establecen criterios de mínima, media y máxima seguridad para los privados de libertad de acuerdo a su peligrosidad, como parte de la construcción del nuevo sistema carcelario que se viene impulsando.

NP

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