Madre de Berta Cáceres quiere que la OEA se sume a investigar la muerte de su hija

Austra Berta Flores, madre de la ambientalista Berta Cáceres / Captura EFE

La madre de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016, pidió al fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla, que incorpore a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), para que ayude a la investigación de la muerte de su hija.

En una carta pública, Austra Berta Flores, madre de Cáceres, le indicó a Chinchilla que incorpore a la MACCIH “para que con su equipo de trabajo y sus expertos ayuden al país y al Ministerio Público a levantar el velo de misterio que cubre el caso y en el que se vinculan empresarios, militares y funcionarios públicos”.

Añade que ella y su familia están dispuestos a apoyar el avance de las investigaciones sobre “el vil asesinato” de su hija. La MACCIH depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La carta señala además que se busca el castigo para los autores intelectuales del crimen y los abusos públicos en el otorgamiento de los contratos a DESA (empresa Desarrollos Energéticos), que construía un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Berta Cáceres, y la violación del Convenio 169 sobre Pueblo Indígenas de la OIT.

Cáceres, quien era coordinadora general del COPINH (Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), se oponía a la construcción de proyectos hidroeléctricos en el occidente del país porque consideraba que atentaban contra el ambiente y los grupos étnicos que viven en la zona.

Flores llegó hoy acompañada de familiares y miembros del COPINH y otras organizaciones hasta la sede del Ministerio Público en Tegucigalpa para entregar “un importante documento que ofrece luces en relación con los contratos otorgados por el Estado de Honduras a favor de la empresa DESA”.

En su misiva al fiscal, Flores señala que “en su momento”, la empresa DESA “persiguió y acusó criminalmente” a su “hija Bertita”.

El documento que Flores dejó en el Ministerio Público es el estudio “Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres Flores en la búsqueda de los autores intelectuales”, hecho por el organismo Oxfam.

El estudio recoge información sobre los inicios de DESA en el país, sus contratos, modificaciones al contrato del proyecto Agua Zarca, estatus de propiedad de las tierras y antecedentes de proyectos hidroeléctricos en el río Gualcarque, entre otros aportes.

El documento también destaca “diez verdades incontrovertibles” sobre el asesinato de Berta Cáceres, quien además denunció formal y públicamente ante el Ministerio Público el otorgamiento y la aprobación ilegal de al menos 49 proyectos hidroeléctricos.

En ese otorgamiento se transgredió la Consulta dispuesta por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, entre ellos el proyecto “Agua Zarca” sobre el río Gualcarque, impulsado por DESA, señala el estudio de Oxfam.

Además, se amplió el contrato de Agua Zarca para aumentar de 14 a 21 megavatios su capacidad generadora sin haber sido aprobado por el Parlamento hondureño.

Oxfam también indica que de acuerdo con un informe de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas, “el proyecto Agua Zarca fue aprobado antes de su socialización y de firmarse con las comunidades locales.

Tampoco se hicieron “los estudios de impacto social, ambiental y cultural antes de su aprobación. No hubo consulta previa e informada para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados”, añade el estudio.

Por el asesinato de Berta Cáceres han sido detenidas ocho personas, Edilson Atilio Duarte, capitán retirado del Ejército, y Sergio Ramón Rodríguez, gerente Social, Ambiental y de Comunicaciones de DESA.

Se suman Douglas Geovanny Bustillo, un teniente retirado que trabajó en la Seguridad de DESA, y Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar del Orden Público y mayor activo de las Fuerzas Armadas, quien fue dado de baja deshonrosa en junio de 2016.

Asimismo, se capturaron a Elvin Heriberto Rápalo, Emerson Eusebio Duarte, Henry Javier Hernández, y Oscar Arnoldo Torres.

Ejecutivos de la DESA rechazan las acusaciones en contra de la empresa sobre daños al ambiente y alegan que generaba empleo a miles de personas en el occidente del país.

El proyecto Agua Zarca está paralizado desde el asesinato de Berta Cáceres.

Efe

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