OEA investiga corrupción en hidroeléctrica a la que se oponía la hondureña Berta Cáceres

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA informó hoy de que investiga un posible caso de corrupción en el otorgamiento de la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016.

“La Misión va a asumir el caso de Berta Cáceres desde la perspectiva de corrupción”, dijo el portavoz de la Maccih, Juan Jiménez, en una rueda de prensa, acompañado por Daniel Urrutia, juez internacional, y Julio Arbizu, oficial de seguimiento.

Jiménez señaló que la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio de Honduras han iniciado las diligencias sobre “aspectos de corrupción vinculados a los contratos y concesiones” otorgados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, paralizado tras el asesinato de Cáceres.

La Maccih no investigará el asesinato de Cáceres, ocurrido en 2016 y por el que hay ocho detenidos, sino “todos los componentes que tiene este caso en relación a la participación de funcionarios del Estado y la propia empresa (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, DESA), que podrían ser hechos ilegales, delictivos y que requieren ser
investigados, y condenadas las personas que hayan participado”, enfatizó.

Jiménez indicó que los supuestos actos de corrupción denunciados por la líder ambientalista indígena en torno a la concesión y contratos otorgados a DESA, empresa hondureña constituida en mayo de 2009 con un capital de un poco más de 1.000 dólares y el cual aumentó a 16,1 millones de dólares en 2014, es “un tema que le interesa” a la misión de la OEA.

Como parte de las diligencias, la Maccih podría abrir una investigación contra el fiscal adjunto de Honduras, Rigoberto Cuellar, por otorgar en marzo de 2011, cuando era secretario de Recursos Naturales, la licencia ambiental a DESA, responsable del proyecto que recibió una inversión total de unos 40 millones de dólares, añadió.

Por este mismo caso, las autoridades hondureñas detuvieron en octubre de 2016 al exviceministro hondureño de Recursos Naturales Darío Roberto Cardona, quien es acusado de aprobar en 2013 una modificación a la licencia ambiental otorgada por Cuellar para aumentar la capacidad de energía de Agua Zarca de 16 a 21,7 megavatios.

“Cómo es posible que (Darío) Roberto Cardona este procesado y detenido por ampliar la licencia y quien otorgó la licencia original no tenga ningún tipo de consecuencia”, cuestionó Jiménez, quien confirmó que la Maccih investigará los posibles delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.

Dijo además que trabajarán “sobre una base de hipótesis” para “conseguir las pruebas” contra funcionarios o empresarios vinculados a actos de corrupción en el proyecto hidroeléctrico.

Destacó que, según investigaciones preliminares, en este presunto caso de corrupción “habría la participación de funcionarios públicos”, y afirmó que la Misión investigará también “el nivel de responsabilidad de los representantes legales” de DESA, así como de la empresa Potencia y Energía de Mesoamérica (PEMSA), que tendría “una conexión
en Panamá”.

Aseguró que la Maccih trabajará “seriamente” en esta investigación, “sin ningún prejuicio, sin ningún tipo de elemento que a priori determine responsabilidades”.

Jiménez afirmó que la investigación del crimen de Cáceres “sigue su curso” y exhortó a la Fiscalía hondureña a identificar y detener a “todas las personas que hayan participado en el asesinato”, ocurrido en la ciudad occidental de La Esperanza.

La ONG Oxfam informó el pasado día 6 que el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FinnFund) retiraron definitivamente su apoyo al proyecto Agua Zarca.

La ambientalista hondureña se oponía a la construcción de la represa hidroeléctrica por considerar que atentaba contra los recursos naturales del país.

EFE/Andrea Ramírez/CB24

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