Organizaciones en Honduras rechazan reformas penales propuestas por Ejecutivo

Policías Militares de Honduras realizan operativos antidrogas. Imagen de referencia. /Archivo

Una coalición hondureña de organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazó una reforma penal propuesta por el Ejecutivo, que ha dicho que busca adecuar leyes para una lucha efectiva contra la criminalidad, pues considera que lo que se pretende es criminalizar la protesta social.

“Queremos llamar la atención sobre el hecho de que estas reformas penales seguramente traerán como consecuencia la criminalización de la protesta social, especialmente con la nueva tipificación del terrorismo que se pretende aprobar”, dijo Yessica Sánchez, representante de la Coalición contra la Impunidad en Honduras, en rueda de prensa acompañada por miembros de otras organizaciones.

Los 128 diputados que integran el Parlamento hondureño fueron convocados para este martes para continuar con el debate de la controvertida reforma penal, que rechaza la oposición, enviada al Congreso Nacional a inicios de enero por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y que implica reformar, derogar o añadir párrafos de varios artículos del Código Penal contra delitos como el de la extorsión y el terrorismo.

Sánchez expresó su “más profundo rechazo” a la posible aprobación del paquete de reformas, pues considera que está “claramente enmarcado dentro del populismo penal, ha sido impulsado de forma prioritaria por las autoridades como parte de su estrategia propagandística dirigida a movilizar a los sectores conservadores de la sociedad hondureña en el contexto del presente año electoral”.

La Coalición está integrada por una treintena de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las que figuran el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y la Asociación de Jueces por la Democracia, entre otras.

El Ejecutivo hondureño también propone ajustar el tipo penal de terrorismo, de manera que se tipifique así cualquier acto que conlleve atemorizar a la población.

Ante ello, la Coalición estima que este proceso está siendo “utilizado como una cortina de humo para tapar el fallo estrepitoso del Gobierno a la hora de enfrentar la ola de violencia que azota al país y la situación de corrupción que padecen las instituciones públicas”, lo que ha llevado a Honduras a figurar como la séptima nación con “mayor niveles de impunidad”, según el índice Global de Impunidad de la Universidad de Puebla.

Mery Agurcia, representante de Cofadeh, dijo a Efe que le preocupa este paquete de reformas, porque en su opinión “no tiene la intención real de mejorar la situación de seguridad del país”, sino “criminalizar la disidencia política y encarcelar toda una expresión de protesta en el país”.

Además pretende fomentar la impunidad en el país centroamericano, pues “desde las leyes se va a garantizar la impunidad a los agentes del Estado involucrados en grandes violaciones a derechos humanos”, subrayó.

Otras reformas pedidas por el Ejecutivo se orientan a limitar los servicios de telecomunicaciones de las cárceles y la derogación de varios artículos de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario para que exista una autoridad con amplias atribuciones y autonomía en cada centro penal, y establecer tres tipos de régimen para la separación adecuada de reos de máxima peligrosidad en los presidios.

Agurcia indicó que esas reformas al sistema penitenciario “carecen de un enfoque de derechos humanos” y pretenden que los presos no puedan tener comunicación con sus abogados, lo que es “una grave violación” a sus derechos.

La Coalición cuestiona que las reformas penales han sido presentadas a la sociedad hondureña como “una solución para atacar con dureza a la delincuencia organizada y las pandillas juveniles”.

Sin embargo, considera que la iniciativa representa “una actitud demagógica” del Ejecutivo, ya que el principal problema a la hora de enfrentar la criminalidad “no es la falta de instrumentos legales, sino la incapacidad de las instituciones de hacer realidad la justicia penal y las necesidades de seguridad”, según un comunicado.

Efe

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