Presidente de Costa Rica firma decretos de transparencia y acceso a la información

Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica / Foto: Presidencia

Garantizar el acceso a la información y la transparencia en la gestión pública son los objetivos de dos decretos firmados por el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.

Los decretos “Transparencia y acceso a la información pública en el Estado y sus dependencias” y el de “Apertura de Datos Públicos” y sus directrices, así como los proyectos de “Ley de libertad de expresión y prensa” y “Ley de acceso a la información pública” establecen estándares de Gobierno Abierto de primer nivel para el país.

El  decreto de Transparencia y Acceso a la Información, y su directriz, procura que todas las dependencias del Gobierno Central y de la administración pública descentralizada garanticen el cumplimiento efectivo de ese derecho humano, de forma proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible.

El decreto de “Apertura de Datos Públicos” establece la forma mediante la cual los datos de carácter público se pondrán a disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin lícito. El decreto determina que un dato abierto debe ser completo, primario, actualizado y oportuno, accesible, procesable automáticamente, no discriminatorio, no propietario y protegido por una licencia para datos abiertos.

A partir de la publicación del decreto, las instituciones contarán con un plazo de noventa días para publicar la información mínima en su sitio web oficial.

Proyectos de ley

Entretanto, el proyecto de “Ley de acceso a la información pública” establece que la Administración Pública debe ser proactiva en el cumplimiento de su deber de informar y que toda autoridad pública deberá contar con un sitio para divulgar, de forma oficiosa, la información atiente a su gestión en formato abierto, interoperable y accesible.

Por otra parte, el proyecto de ley de libertad de expresión y prensa propone que no sean penalizadas las acusaciones por delitos contra el honor cuando responden a denuncias de interés público. Además, reduce de dos años a uno el periodo de prescripción de  presuntos delitos contra el honor y amplía el periodo de respuesta de una querella que tienen las personas acusadas por estas causas. Los cambios propuestos en ambos proyectos armonizan la legislación nacional con avances en doctrina y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

NP

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *