Fallos judiciales facilitan que reos de alta peligrosidad ordenen crímenes

Con pruebas contundentes, el Gobierno decidió hoy que buscará revertir una determinación judicial que permitió que reos de alta peligrosidad salieran de las celdas de máxima seguridad a las zonas comunes, desde donde pueden ordenar delitos a sus cómplices que están afuera de las cárceles, lo que ha contribuido a que se disparen los homicidios en el país.

El presidente Juan Orlando Hernández lamentó que un juzgado de San Pedro Sula y otro de El Progreso, a petición de abogados y parientes de líderes de pandillas, resolvieron que éstos salieran de las celdas de máxima seguridad y ahora tienen más libertad para comunicarse.

Luego de reunirse con la cúpula de seguridad del país, en Casa de Gobierno, el presidente Hernández dijo en comparecencia de prensa que «allí están los números y hemos tomado una decisión hoy: que el Instituto Penitenciario tiene que ir nuevamente ante estos dos juzgados a buscar revertir esa decisión» favorable a los reos de alta peligrosidad.

«Si no se logra en esa instancia, buscar la máxima instancia con los recursos correspondientes», adelantó.

Expresó que, «como también nosotros sentimos que la ley es clara y que tenemos que cumplirla, vamos a operativizar nuevamente lo que la ley nos autoriza y que es que los privados de libertad, cuando se consideren peligrosos para la sociedad o para la misma convivencia dentro de los centros penales, deben de estar en las celdas de máxima seguridad».

El gobernante destacó los avances en materia de seguridad que se derivan del nuevo sistema carcelario, «pero también cómo está sometido diariamente a ataques este nuevo sistema de parte del mundo de maras y pandillas principalmente y sus colaboradores, los abogados que también trabajan para ellos».

Decisiones acertadas

Hernández apuntó que «es importante para nosotros hacer del conocimiento público algunos hallazgos (de actos fuera de la ley de los privados de libertad), bajo el entendido de que cuando iniciamos esta lucha de frente por recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras» se ejecutó una serie de acciones.

Pero una de ellas era crucial, y hasta el segundo año del Gobierno anterior se le entró a profundidad, y fue la reestructuración del sistema carcelario, dijo.

Esa reestructuración -dijo- pasó por construir dos cárceles con diferentes módulos, pero dentro de ellos uno es de máxima seguridad y eso es vital y pieza clave en la lucha por recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras.

«Hay que recordar cómo estaban los centros penales antes de nuestro Gobierno: escuelas del crimen, centros de operación desde donde se ordenaban asesinatos, extorsiones, secuestros, distribución de drogas», recordó.

Pero -añadió- «ahora que decidimos cambiar la manera de operar nos miramos sometidos todos los días a una serie de ataques, tanto buscando penetrar los centros penales, buscar desacreditar las decisiones que se han tomado, buscar desacreditar todo el esquema».

Consideró que «obviamente esta es una situación orquestada, es una conspiración contra el pueblo hondureño, que queremos que de ahora en adelante podamos debatirla públicamente para que cada quien identifique de qué lado estamos cada uno de nosotros».

Abogados al servicio de las pandillas

El presidente Hernández detalló que «los abogados de los líderes de la pandilla 18 y sus parientes fueron a los juzgados de ejecución de San Pedro Sula y de El Progreso a pedir que no siguieran estos líderes criminales, que el Instituto Nacional Penitenciario los tiene catalogados como de alta peligrosidad, en las celdas de los módulos de alta peligrosidad».

Entonces -lamentó- la resolución indica que tienen que salir de esas celdas y estar en los lugares comunes, donde es más fácil comunicarse y trasladar información.

«Cuando se emite la resolución coincide con que se disparan los números de muertes», añadió el mandatario.

Señaló que «una de las causas, a nuestro juicio, tiene que ver con que ellos salen de las celdas de máxima seguridad, donde deben de estar la mayor parte del día allí, obviamente con su alimentación, con todo lo que dice la ley y los estándares internacionales».

«Pero lo que ordenó el sistema judicial a través de estos dos jueces fue que salieran», lamentó el presidente Hernández, y dijo que «aquí se presenta un dilema jurídico: ¿Quién tiene la razón?»

«Hemos hecho un análisis rápido y coincidimos que, en efecto, la ley del Instituto Nacional Penitenciario con sus atribuciones le da al Poder Ejecutivo esa decisión de ubicar en las celdas de máxima seguridad cuando así lo considere, cuando las premisas de la ley se cumplan», subrayó.

El presidente Hernández consideró que los ataques al sistema carcelario solo son un paso y auguró que vendrán otras formas de querer desafiar lo que se está haciendo.

Sin embargo, dijo que «al pueblo hondureño solo le recuerdo algo: antes de que nosotros llegáramos a la Presidencia de la República los centros penales eran escuelas del crimen y todos hacían lo que querían y los que mandaban eran los mismos reclusos».

«Yo les repito: nosotros seguiremos todos los días en esta lucha, pero también quiero advertirles a los operadores de justicia y a todos los que trabajan en el Instituto Penitenciario y en todos los equipos: van a querer sobornarlos, van a querer meterles miedo, pero estamos del lado bueno», aseguró.

Hernández advirtió que «el que cometa el error va a enfrentar la justicia, sea o no sea operador de justicia».

Lamentó que se esté atacando el uso del escáner en el sistema carcelario, pues es un medio por el cual están detectando teléfonos satelitales, armas, drogas y otros objetos que privados de libertad, sus familiares y otras personas quieren introducir a las cárceles en partes íntimas.

El escáner Spectrum Bodyscan está certificado para su uso en los centros penales del país y ha permitido detectar droga en palos de escobas o balones de fútbol, armas, chip, teléfonos satelitales, parlantes y hojas de papel con indicaciones para cometer delitos, entre otros objetos.

¿Y los derechos de las otras personas?

El mandatario comentó que aquí se habla mucho de los derechos de los privados de libertad y es correcto, pero -dijo- aquí existen organizaciones, personas, abogados, que privilegian ese derecho y se les olvida el derecho del pueblo hondureño, que también le asiste que se le protejan los derechos humanos o fundamentales.

Indicó que tanto hay que velar por los derechos del privado, pero no se puede obviar que la gente desde las cárceles está bajo amenaza constante, y señaló que el país debe seguir por la ruta de darle seguridad a su pueblo.

Dijo que no debe de existir la hipocresía de solo hablar de los derechos de los privados de libertad, «lo cual es correcto; lo malo es solo hablar de ello sin desconocer que el resto de los hondureños y la gente buena tiene derechos, que las víctimas tienen derechos». PP/CB24