Alarma en Panamá por una iniciativa para amnistiar a sentenciados por corrupción
Una iniciativa legislativa para amnistiar a sentenciados y procesados por corrupción ha generado alarma en Panamá, entre denuncias de que podría atropellar el Estado de Derecho y debilitar la democracia.
La propuesta de ley procede del diputado del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo «Bolota» Salazar, aunque este colectivo se ha distanciado de la misma.
En un comunicado, el PDR recalcó que la iniciativa «no fue presentada» por su bancada en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) «ni responde a una agenda colectiva del partido».
La iniciativa comenzó a ser analizada esta semana en la comisión legislativa de Gobierno, que es la instancia donde se da el primero de los tres debates obligatorios para la aprobación legislativa.
Al sustentarla, el diputado Salazar dijo que el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), sentenciado a más de 10 años de cárcel por blanqueo, es un «perseguido político», una víctima de la «justicia mala», y que cualquiera de sus colegas legisladores podría serlo también en un futuro.
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) recalcó este domingo en un comunicado que la «Constitución es clara» al establecer que «la amnistía aplica exclusivamente a delitos políticos».
Por tanto, agregó, «intentar extender esa figura a delitos comunes, y peor aún, a casos de corrupción, es un grave atropello legal y moral».
La Cámara, que aglutina a unas 1.600 empresas de 15 sectores económicos, explicó que la propuesta de ley podría amnistiar a condenados por «corrupción en casos emblemáticos como New Business, Odebrecht y Blue Apple (…) y representa un intento burdo de socavar el Estado de Derecho».
Martinelli, condenado a más de 10 años por la compra de medios con dinero público en el caso conocido como New Business, está refugiado desde hace más de un año en la Embajada de Nicaragua en Panamá para evitar la cárcel.
Además, Martinelli, dos hijos suyos y el exgobernante Juan Carlos Varela (2014-2019) están entre los cerca de 30 acusados de blanqueo por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, cuyo juicio ha sido reprogramado varias veces, la última para finales de este año.
