Diputado hondureño arrestado por fraude de más de 117 millones de dólares
Las autoridades de Honduras capturaron este martes a Nelson Márquez, diputado y subjefe de la bancada del opositor Partido Nacional, acusado de integrar una red que defraudó al Estado por más de 3.084 millones de lempiras (unos 117,4 millones de dólares) mediante demandas ilegales, contratos irregulares y laudos arbitrales sin validez legal.
Fiscalía acusa a exfuncionarios y jueces
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), junto con la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, presentó requerimiento fiscal contra exfuncionarios, jueces y abogados que, según investigaciones, se coludieron para saquear al Estado durante más de dos décadas.
Entre los acusados figuran:
- La exprocuradora general Lidia Estela Cardona
- La excoordinadora del Gobierno Martha Doblado
- La exdirectora legal de SEDECOAS Eva Vásquez
- El apoderado legal de NAINSA Juan Fernando Madrid
- El representante legal de DRC Inc. Murray Paul Farmer
- El abogado Caronte Rojas Zavala, miembro del tribunal arbitral por el Colegio de Abogados
Además, fueron imputados los jueces Irissabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio por prevaricato judicial; el exfuncionario Héctor Alvarado Mejía por uso de documento falso, y el receptor judicial Rafael Eduardo Chávez Aguilar por falsificación de documentos.
Capturas en pleno Parlamento
Junto a Márquez, fueron detenidos Juan Fernando Madrid, Caronte Rojas Zavala y Raymundo Gradiz, justo antes de una sesión parlamentaria para conocer la renuncia de Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.
Fraude originado tras el huracán Mitch
La red comenzó a operar en el año 2000, tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., no habilitada para operar en Honduras, que subcontrató irregularmente a NAINSA.
En 2001, el financiamiento internacional fue cancelado por inconsistencias contractuales. Años después, ambas empresas presentaron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral sin validez, nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia.
Para sostener el fraude, DRC Inc. y NAINSA firmaron un acuerdo confidencial para no demandarse entre sí, simulando independencia, pero coordinando su actuar para defraudar al Estado.
Demandas reiteradas con laudo anulado
Aunque el laudo fue declarado nulo en 2009 y 2013, NAINSA presentó una demanda en 2019 basada en ese documento inválido, admitida nuevamente por la jueza Miranda Hernández.
En 2020, Márquez, entonces secretario de SEDECOAS, recomendó firmar un Acuerdo Ejecutivo para evitar una “erogación mayor”, pese a conocer la nulidad jurídica del laudo.
Posteriormente, SEDECOAS y NAINSA firmaron un convenio extrajudicial con pagos millonarios fuera de la justicia. Márquez incumplió lo pactado, aunque los presupuestos incluían partidas para cubrir la deuda.
En 2022, el juez Gradiz admitió otra demanda millonaria, pese a la nulidad previa.
Dinero desviado a cuentas personales
La investigación revela que los acusados se beneficiaron directamente del dinero obtenido, con depósitos en cuentas personales y familiares. También se detectaron pagos de hipotecas y transferencias a personas sin vínculo legal con el caso.
