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Familias de opositores nicaragüenses denuncian muertes en custodia y exigen acción internacional

Familiares de disidentes bajo custodia en Nicaragua lanzaron este lunes un llamado urgente a la comunidad internacional, luego de que dos opositores y críticos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo fallecieran en prisión durante la última semana.

Rosa Ruiz, madre del médico Yerry Gustavo Estrada Ruiz, de nacionalidad costarricense-nicaragüense y detenido desde el 13 de agosto, exigió una prueba de vida y denunció la incertidumbre y riesgo extremo que enfrentan los detenidos. “Mi hijo sigue desaparecido. No sé si está vivo o muerto”, declaró, comparando la situación con los métodos represivos de la extinta Guardia Nacional durante la dictadura de Anastasio Somoza.

Ruiz destacó el silencio oficial como un factor que agrava la preocupación de las familias. “Como madre, me siento devastada… la verdad es que mi hijo corre peligro”, agregó, señalando que solicitó la intervención del Gobierno de Costa Rica para verificar la condición de su hijo.

Por su parte, Sadie Rivas, hija del militar opositor Ánibal Rivas, detenido desde mayo, afirmó que decenas de hogares nicaragüenses viven con angustia permanente por desconocer el paradero de sus seres queridos. “La vida de nuestros familiares está en riesgo y el silencio oficial confirma la crueldad del régimen”, dijo, haciendo un llamado a la ONU, organismos de derechos humanos y gobiernos democráticos a no permanecer indiferentes.

Más de 30 personas permanecen en desaparición forzada en Nicaragua desde hace más de dos años, según denunciaron familiares, quienes solicitan transparencia y pruebas de vida. Adolfo Hurtado y Francisco Ortiz, familiares de otros desaparecidos, instaron a enviar cartas al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y a llevar la denuncia ante las Naciones Unidas.

La crisis política y social en Nicaragua se profundiza desde abril de 2018 y se acentuó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con sus principales contendientes en prisión, posteriormente expulsados del país y privados de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “golpistas” y “traición a la patria”.

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