Costa Rica denuncia presunto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves
El gobierno de Costa Rica denunció este martes la existencia de un presunto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves, a poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales del 1 de febrero, en las que el oficialismo parte como favorito.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), organismo adscrito a la Presidencia. Su director, Jorge Torres, aseguró que la alerta surgió tras información recibida de una fuente confidencial, que habría advertido sobre el pago a un sicario para ejecutar un atentado contra el mandatario.
“Se nos alerta claramente sobre un pago destinado a atentar contra la vida del presidente de la República”, afirmó Torres tras comparecer ante el Ministerio Público.
El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que se abrió una investigación y señaló que una persona sospechosa ya fue identificada, descrita como muy activa en redes sociales, aunque evitó ofrecer mayores detalles para no entorpecer las diligencias.
La denuncia se produce en un contexto político sensible, marcado por la recta final de la campaña electoral. En las encuestas, la exministra Laura Fernández, figura cercana al actual gobierno, lidera la intención de voto con un discurso centrado en la mano dura contra la inseguridad y el narcotráfico.
El anuncio coincidió además con la visita oficial del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aliado político de Chaves, quien llegó al país para participar en el acto de colocación de la primera piedra de una cárcel inspirada en el modelo penitenciario salvadoreño.
Aunque las autoridades evitaron vincular directamente la denuncia con el proceso electoral, el jefe de inteligencia confirmó que se reforzará la seguridad del presidente y de su familia, mientras avanza la investigación.
Costa Rica, tradicionalmente considerada uno de los países más seguros de la región, cerró 2025 con una tasa de 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, un aumento significativo frente a años anteriores, en un contexto de expansión del crimen organizado.
El episodio se suma a las tensiones entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado, como la Fiscalía, el Congreso y la Corte Suprema, en medio de acusaciones cruzadas sobre independencia de poderes y gobernabilidad.
