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Guatemala: capturan a nueve sicarios por asesinato de nueve policías

Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron al menos a nueve presuntos sicarios por su supuesta vinculación con el asesinato de nueve policías, ocurrido el domingo en ataques coordinados atribuidos a estructuras pandilleras.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que las capturas se realizaron entre la tarde y la noche del domingo en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, como parte de un amplio operativo desplegado tras la masacre.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, aseguró que durante el allanamiento a uno de los detenidos fue incautado un teléfono celular que contenía información detallada sobre la planificación de los ataques contra las fuerzas de seguridad.

“Tenía la planificación operativa de uno de los hechos”, afirmó el jefe policial al referirse al contenido hallado en el dispositivo.

Entre los arrestados figura Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, señalado como presunto integrante de la pandilla Barrio 18. Las autoridades lo identifican como el responsable del asesinato de dos agentes en el sur de la capital, en una de las avenidas más transitadas de la ciudad.

Los nueve policías fueron ejecutados en distintos puntos del país en lo que las autoridades califican como una represalia de las pandillas, luego de que el Gobierno retomara el control de tres cárceles donde se registraron motines el sábado.

Las víctimas fueron identificadas como José Efraín Revolorio (25), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

Ante la escalada de violencia, el presidente Bernardo Arévalo de León decretó un estado de sitio por 30 días, medida que permite arrestos sin orden judicial y refuerza la presencia militar y policial en zonas críticas.

El Gobierno mantiene desde el año pasado una ofensiva contra las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, tras trasladar a sus principales cabecillas a la cárcel de máxima seguridad Renovación I y eliminar privilegios concedidos en administraciones anteriores.

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