CIDH advierte que la cadena perpetua para menores en El Salvador es incompatible con estándares internacionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este martes que las reformas legales en El Salvador que permiten la imposición de cadena perpetua a menores de edad contradicen la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.
En un comunicado, el organismo señaló que la aplicación de penas de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes resulta “incompatible con la jurisprudencia interamericana”, debido a su carácter desproporcionado frente al objetivo de reinserción social que debe tener el sistema penal juvenil.
La advertencia se produce luego de que la Asamblea Legislativa salvadoreña, a solicitud del Gobierno del presidente Nayib Bukele, aprobara recientemente una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y pertenencia a estructuras criminales o pandillas.
Las modificaciones también incluyeron cambios al Código Penal y a la Ley Penal Juvenil, ampliando la posibilidad de aplicar esta pena a personas menores de 18 años.
El decreto legislativo establece, sin embargo, que la condena podría ser revisada periódicamente, argumento que el Congreso defendió como compatible con estándares internacionales de derechos de la niñez.
La CIDH también expresó preocupación por el contexto en el que podrían aplicarse estas medidas, señalando que la suspensión de garantías constitucionales bajo el régimen de excepción vigente desde 2022 podría afectar el derecho a la defensa y el debido proceso en casos de alta gravedad.
El organismo recordó que el régimen de excepción, implementado para combatir a las pandillas, ha derivado en una prolongada suspensión de derechos fundamentales, lo que ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos.
Según cifras citadas por la CIDH, más de 91.500 personas han sido detenidas bajo esta medida, mientras que la población penitenciaria total del país rondaría las 130.000 personas. También se reportan más de 500 fallecidos bajo custodia estatal.
El Gobierno de El Salvador sostiene que el régimen de excepción ha permitido una reducción significativa de la violencia de las pandillas y lo considera una de las principales políticas de seguridad del país.
