Condenan a 11 policías en Honduras por torturar y robar a dos ciudadanos filipinos
Un tribunal de Honduras declaró culpables este lunes a 11 agentes de la extinta División Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) por torturar, robar y privar ilegalmente de libertad a dos ciudadanos filipinos en un caso ocurrido en 2023.
La sentencia fue confirmada por el Poder Judicial hondureño, que detalló que los funcionarios fueron hallados responsables de delitos como robo con violencia, privación ilegal de la libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros cargos.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2023 cuando los agentes irrumpieron de manera ilegal en la vivienda de las víctimas en el municipio de Villanueva, en el norte del país.
Acusados de torturas y montaje de pruebas
De acuerdo con las investigaciones, los ciudadanos filipinos fueron sometidos a actos de tortura, retenidos contra su voluntad y presuntamente incriminados mediante la colocación de pruebas falsas.
El Poder Judicial señaló que las víctimas “fueron sometidas a actos de tortura, privadas ilegalmente de su libertad, además de que se les habrían implantado pruebas de manera ilícita”.
La audiencia para determinar las penas que deberán cumplir los condenados fue fijada para el próximo 22 de junio.
Unidad policial fue desmantelada
Los policías formaban parte de la Dipampco, unidad especializada en la lucha contra pandillas que fue desmantelada recientemente por el Gobierno del presidente Nasry Asfura.
La decisión se produjo tras la muerte de cinco agentes durante un operativo antidrogas realizado el pasado 21 de mayo en la localidad de Omoa, cerca de la frontera con Guatemala. Las autoridades detectaron múltiples irregularidades en esa operación y suspendieron previamente a la cúpula de la división.
La Dipampco también había sido señalada en reiteradas ocasiones por presuntas violaciones a los derechos humanos. Incluso, Estados Unidos retiró años atrás el apoyo y entrenamiento que brindaba a la unidad durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.
El caso representa uno de los procesos judiciales más relevantes contra funcionarios de seguridad en Honduras en los últimos años y vuelve a poner bajo la lupa las denuncias de abusos cometidos por cuerpos policiales durante operativos contra el crimen organizado.
