Prohibir elecciones no es autodeterminación de los pueblos
Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
Cuando Daniel Ortega sentenció que en Nicaragua “No volverá a haber elecciones … para que los opositores no se apropien del poder”, saltaron las alarmas por todas partes. Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Inglaterra, y Estados Unidos se pronunciaron contra tal manifestación totalitaria y de desprecio absoluto hacia la democracia.
No obstante, una mandataria latinoamericana aseveró que “…respetaba la autodeterminación de los pueblos”.
¿Confusión o hipocresía?
No es un golpe contra la democracia únicamente. Es une estocada mortal con las libertades y derechos fundamentales y humanos más básicos de todos los nicaragüenses. Es una sentencia para imponer el esclavismo.
El Estado no son ellos.
La voz de un tirano no es la voz de su pueblo. Mucho menos cuando este último ha vivido sometido por más de 30 años bajo el mismo régimen opresor, impune, e intolerante.
Se debe desconfiar del que lleva tanto tiempo en el poder, y no darle crédito por hablar en nombre de ese pueblo a quien no deja escoger a sus propios líderes. O simplemente, no permite que el poder se rife. Mucho menos que deban heredarlo, primero a su esposa y luego a sus hijos.
Nicaragua es una república, no una monarquía.
En el reporte del Índice Global de Derechos Humanos –2025, se afirma:
“Nicaragua está clasificada como “No libre” con libertades civiles y derechos políticos severamente restringidos, empujados por una sistemática consolidación autocrática del poder bajo Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
Este mismo informe da una puntuación a Nicaragua de 0.08 (siendo 1 lo más positivo). En cuanto a la libertad de prensa, la coloca en el puesto número 172, de 180 países evaluados.
Además, agrega que 5,600 ongs han sido clausuradas; es decir el 80% de todas las que hay en Nicaragua; 163 periodistas han debido huir del país; yhasta el mes de julio de 2025, 345,800 nicaragüenses buscaron asilo en varios países del mundo.
¿Desconocía esos datos la mandataria latinoamericana que esgrimió que “la autodeterminación de los pueblos” era una excusa para no pronunciarse contra la barbarie dictatorial?
Paralelo a ello, la verdadera soberanía radica en el pueblo de Nicaragua. No es potestad de ningún funcionario público.
Por su parte, el informe de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en Nicaragua no podría ser más contundente, al afirmar que “La situación de derechos humanos de Nicaragua empeoró en 2025, severamente marcada por la extrema concentración de poder, despojo arbitrario de la nacionalidad y el desmantelamiento total de la sociedad civil”.
Lo peor es que ellos mismos (los funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo)cuentan los votos de los adversarios y los propios, en las habidas elecciones:2006, 2011, 2016, 2021. Lo cínico de todo esto es que ya no cuenta votos, porque la mayor parte de las veces, los inventan, repartiéndose o asignándosecantidades que les sirvan para sus propios intereses autoritarios. Ello merma la legalidad y legitimidad de los detentores del poder.
Tal como lo han dicho la OEA, el Centro Carter, el Parlamento Europeo, entre otros grandes observadores de procesos electorales con respecto a las elecciones en Nicaragua de 2011, 2015 y 2021, la legitimidad de todas esas elecciones ha sido muy cuestionable.
Veamos otro aspecto.
El hecho de que se prohíba votar en un país para elegir a las autoridades es una confirmación de que quien detenta el poder ya es un dictador incuestionable. La declaración en sí constituye un atropello a los derechos humanos, porque no sólo coarta un derecho fundamental de todo ciudadano, sino el principio toral mismo de que la democracia se sustenta en la voluntad popular (es decir, el consentimiento del gobernado).
Esa es la premisa más importante de la democracia, su sustento legítimo: que sea cumpla la voluntad mayoritaria del pueblo. En otras palabras, lo que se hacen sin el consentimiento del pueblo, se hace contra el pueblo.
En Nicaragua, todo lo controla el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Y este bajo las órdenes Ortega y Murillo, ha cambiado la Constitución Política donde, atrozmente, han subordinado los poderes:legislativo, judicial, y electoral al poder ejecutivo (¡que ellos sí detentan sin mermas, control, ni cuestionamientos, ni cambio de mando!); los han rebajado a simples órganos del Estado.
Hay peores hechos. De la Constitución reformada se han suprimido los derechos de los ciudadanos a ampararse por abusos del Estado. Es una constitución que no reconoce los derechos humanos, ni lo civiles ni los políticos de los nicaragüenses.
Los ciudadanos nicaragüenses —unos 6 millones que viven en 130,000 km2(hay otro millón en exilio) —, no gozan de ninguna protección ni tutela ante cualquier abuso, barbarie o crimen perpetrado contra ellos; quedan al arbitrio de la voluntad de los estadistas.
¿Pueden ser libres los ciudadanos que vivan sin libertades ni derechos?
En la práctica, la gran mayoría de los nicaragüenses bajo tales circunstancias no tendrán donde ir a quejarse o entablar una demanda, pues la policía, jueces y magistrados judiciales responden a los intereses de los dictadores.
¿Qué calidad moral tienen los que oprimen, prohíben, exilian, torturan o matan a todos aquellos disidentes u opositores a su régimen?
Quitarle a una nación el derecho a escoger a sus autoridades mediantes el voto libre, periódico, y de elegir, entre varias opciones, es destrozar un derecho sustantivo y primordial del hombre moderno.
Lo que garantiza la libertad de los hombres, los enaltece; pero lo que les priva de ejercer su voluntad racional, los degrada.
Si la lucha de la humanidad, desde sus orígenes ha sido entre los dirigentes por un lado (antes soberanos, hoy líderes políticos) y los pueblos (luego ciudadanos, desde 1776-1789), no se puede permitir que el triunfo castre el pensamiento, acciones, voluntades, derechos y libertades de las mayorías y minorías dignas.
El poder absoluto deber prevalecer entre los ciudadanos que votan. No debe concentrarse entre los que lo administran y se lo quieren arrogar para sí.
Un hombre que vive sin miedos, sin cadenas ni bozales representa la modernidad. Despojarlo de sus libertades o derechos constituye un acto salvaje que lo regresa a la oscura cueva primitiva.
