Presidente Alvarado condena el asesinato de líder indígena costarricense, Sergio Rojas
Gobierno de Costa Rica condena y repudia, el asesinato del líder indígena, Sergio Rojas, ocurrido la noche de este lunes a las 9:15 p.m. en el sur de ese país centroamericano.
La administración del presidente Carlos Alvarado anunció que como acciones inmediatas, ha pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al Organismo de Investigación Judicial; OIJ, y las autoridades judiciales, para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible.
Alvarado además anunció que desde ya se le está dando la protección a familiares y se reforzó la seguridad en el sector de Yeri del territorio indígena Salitre, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, la comunidad donde ocurrió el asesinato del líder indígena.
El gobernante costarricense también pidió la presencia de la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz y del Viceministerio de Diálogo en la zona.
En el marco de la aplicación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a varios miembros de la comunidad indígena de Salitre, el Ministerio de Seguridad decidió activar el protocolo acordado con la comunidad y el personal de Fuerza Pública se desplazó inmediatamente para atenderla tras la alerta del 911 la noche del deceso de Rojas.
Precisamente esa noche se escucharon una serie de disparos. Al llegar la policía a la casa de habitación, se identificó el cuerpo de Sergio Rojas sin signos de vida y con múltiples disparos.
“Es un trágico día para el pueblo bribri, para las poblaciones indígenas y para Costa Rica. Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el pueblo bribri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver los conflictos”, lamento el mandatario Alvarado.
El presidente costarricense agregó que “pondremos todo nuestro recurso y esfuerzo para respaldar las acciones que den con los responsables de este hecho y para que se haga justicia”.
Caso Sergio Rojas. Ha trascendido que el asesinato del líder indígena de 59 años de edad ocurrió horas después de que Rojas presentara una denuncia por amenazas de supuestos usurpadores de tierras, así informó la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.
Varias organizaciones indígenas condenaron el hecho como un “vil asesinato” y responsabilizaron “al gobierno de Carlos Alvarado y los anteriores por la muerte de Sergio Rojas y por no cumplir con su obligación de garantizar la integridad física y territorial de los pueblos originarios de Costa Rica”, tal y como reseña el medio costarricense, Seminario Universidad.
En declaraciones a ese medio recordaron además que “este gran luchador Bribri ya había sido víctima de varios intentos de homicidio, persecución y fue preso por razones políticas durante seis meses en el 2015”, y que el pueblo Bribri de Salitre y el pueblo Broran de Térraba son sujetos de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; CIDH.
Medidas gubernamentales. Este martes, Seguridad Pública desplazó efectivos desde Buenos Aires a la localidad de Yeri, territorio indígena de Salitre, donde ocurrió el asesinato de Rojas, y está dando protección a los familiares de la víctima y reforzó la seguridad en la comunidad.
En el marco del protocolo sobre Medidas Cautelares, MC-321-12, consensuado con los representantes indígenas y firmado en febrero de 2017, Seguridad Pública ha respondido a las 53 incidencias reportadas desde enero 2018.
También, habilitó una línea de atención específica para los territorios indígenas, en particular a los peticionarios, y se ha facilitado el acceso a la justicia a través de la Fiscalía de Asuntos Indígenas.
Otras acciones emprendidas por el Gobierno, aparte del cumplimiento pleno del Protocolo, son las siguientes:
Comisión de Alto Nivel. El sábado 19 de enero, el Presidente Alvarado firmó el decreto ejecutivo 41529 que creó la “Comisión de Alto Nivel para la Atención del cantón de Buenos Aires”.
Para este viernes 22 de marzo estaba programada la instalación de las 5 mesas de trabajo con participación de instituciones estatales, gobierno local y habitantes del cantón, incluyendo a los pueblos indígenas.
Precisamente, este mismo lunes, día en que fue asesinado, Rojas sostuvo conversaciones con representantes gubernamentales de cara a esta actividad.
Se trata de una iniciativa de Casa Presidencial, cuyo objetivo es construir y articular una estrategia participativa para el desarrollo Integral del cantón de Buenos Aires, buscando disminuir las brechas socio económicas a través de proyectos estratégicos consensuados con los actores territoriales.
Los ejes son: infraestructura y servicios, economía y empleo rural, educación y formación técnica, ecosistemas territoriales e inclusión y equidad social.
Aplicación del Acuerdo de Escazú. “He girado instrucciones para que atendiendo al artículo 9 Inciso 3 del Acuerdo de Escazú, se tomen las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para investigar y sancionar estos ataques a defensores de derechos humanos”, dijo Alvarado..
Hizo así referencia al Acuerdo de Escazú, instrumento jurídico regional para América Latina y el Caribe, pionero en materia de protección ambiental, que también es un tratado de Derechos Humanos.
Recordó que el convenio está en la corriente legislativa como proyecto de ley “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”.
INDER. Desde marzo de 2016, el Instituto de Desarrollo Rural avanza en el Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, cuya finalidad es dar cumplimiento legal a la realización de un estudio y análisis de las propiedades ocupadas por personas no indígenas en los territorios y que en muchos casos son causa de conflictos entre indígenas y no indígenas.
Es un instrumento técnico de gran importancia para dar cumplimiento a la medida cautelar solicitada ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Se trabaja alrededor de seis acciones teniendo como prioridad los territorios de Salitre y Térraba en recopilación de datos; amojonamiento interno para preparar la zona y preparar los asentamientos; censo para verificar la información real; confección de expedientes; trámite de los casos y avalúos.
Finalmente, el presidente Alvarado informó que giró instrucciones a la embajadora ante la Organización de Estados Americanos; OEA, para brindar un reporte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo acontecido y para ponerse a disposición de ese organismo.
Asimismo, anunció que se están gestionando reuniones con la representación de Naciones Unidas en Costa Rica, organizaciones defensoras de los derechos humanos y la Defensoría de los Habitantes.
Redacción CB24 con información de la Presidencia de Costa Rica