Diputados y cancillería costarricenses se manifiestan sobre la crisis que se vive en Nicaragua
Los diputados del Congreso costarricense instaron al Gobierno de Nicaragua a realizar esfuerzos genuinos y transparentes para abrir espacios de entendimiento con los grupos sociales y manifestantes en ese país centroamericano, mientras que el gobierno encabezado por Carlos Alvarado lamentó la escalada de violencia en Nicaragua e insta al Gobierno a cumplir recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Censurar la violencia y el uso excesivo de la fuerza utilizada por la policía y las fuerzas armadas nicaragüenses contra civiles que ejercen su derecho constitucional de libertad de expresión, reunión, información y comunicación, ese fue uno de los puntos destacados en la moción que aprobaron 49 de los 57 diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica a raíz de la crisis sociopolítica que se vive en suelo pinolero.
La vicepresidenta del Congreso costarricense, María Inés Solís felicitó la valentía de los estudiantes nicaragüense en medio de la crisis.
Mientras se discutía esta moción, se hicieron presentes al Congreso costarricense miembros de la Asociación de Derechos Humanos de Nicaragua, quienes conversaron con varios legisladores. Uno de ellos fue el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz quien pidió al binomio presidencial nicaragüense conformado por Daniel Ortega y Rosario Murillo irse del ejecutivo de esa nación centroamericana.
En tanto que desde la cancillería costarricense piden al Gobierno de Nicaragua suspender toda acción violenta contra la población civil, los estudiantes y la prensa y honrar sus compromisos internacionales, en particular los relativos a la tutela y respeto de los derechos humanos, la paz, la democracia, el desarrollo y la libertad consignados en el Protocolo de Tegucigalpa.
El Gobierno costarricense reiteró su apoyo para que las Partes, en particular el Gobierno de Nicaragua, cumplan su compromiso de implementar las recomendaciones iniciales de la CIDH, como: el cese inmediato de la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan en las protestas; el respeto y la garantía del goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población nicaragüense.
Armando Gómez, Redacción CB24