Presidente de Costa Rica insiste en recortes a pensiones de lujo
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, defendió el recorte a las pensiones de lujo en el Poder Judicial, propuesto como medida para mejorar la crisis en las finanzas públicas.
El mandatario costarricense, y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, se justificaron ante la Sala Constitucional en contra de unos recursos de amparo planteados por altos exfuncionarios del Poder Judicial.
«En una situación fiscal como la que enfrentamos no es aceptable que se quiera defender pensiones con montos tan elevados (…) Todos debemos aportar a la solución, las pensiones son para proteger y no para enriquecerse», destacó Alvarado.
Una la Reforma a la Ley del Poder Judicial aprobada en abril pasado establece, entre otras cosas, un tope de unos $8 mil dólares a las pensiones de ese régimen.
Ante esto nueve magistrados, tres exmiembros del Consejo Superior del Poder Judicial costarricense, dos exjefes del Organismo de Investigación Judicial y la viuda de un expresidente de la Corte, presentaron interpusieron recursos de amparo para que no se les aplique la deducción a sus pensiones.
El Gobierno costarricense afirmó que mantiene su compromiso para reducir las pensiones de lujo buscando regímenes de pensiones más equitativos y que apoya la entrada en vigencia de la ley que reduce los regímenes de pensiones del Poder Judicial.
«Hemos actuado y seguiremos actuando porque consideramos que se debe poner coto a las pensiones de lujo considerando el contexto actual que vivimos en materia fiscal y en un contexto donde queremos equidad en materia de pensiones», dijo Alvarado en una declaraciones distribuidas a los medios.
Por su parte, la ministra de Hacienda Aguilar expresó que es «importante que se cumpla con la ley recientemente aprobada para contribuir con la sostenibilidad del régimen y así evitar que recursos, provenientes de las contribuciones de los costarricenses, tengan que ser empleados para ese fondo».
El déficit fiscal del Costa Rica, cerró en el 2017 con un 6,2 por ciento del Producto interno Bruto y para 2018 se proyecta en el 7,1 por ciento si no se da la reforma tributaria.
El Gobierno del presidente Alvarado ha anunciado que intensificará los cobros judiciales y el fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización de las personas físicas y jurídicas.
Redacción / CB24
