Congreso de Honduras limita facultades administrativas de la presidenta de la Corte Suprema
El Parlamento de Honduras aprobó este martes una reforma que modifica las atribuciones administrativas de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, al retirarle la potestad de nombrar y destituir personal del Poder Judicial. A partir de ahora, esa competencia quedará en manos del pleno de los quince magistrados que integran el máximo tribunal.
La iniciativa fue avalada con dispensa de dos debates y obtuvo el respaldo de más de 90 de los 128 diputados, según informó el jefe de la bancada del opositor Partido Liberal, Jorge Cálix.
El proyecto, impulsado por el diputado liberal Francis Cabrera, plantea ajustes a decretos vigentes al considerar que otorgaban facultades excesivas a la presidencia del Poder Judicial.
Cambios en la gestión judicial
Con la reforma, mientras no se conforme el Consejo de la Judicatura, será el pleno de magistrados quien asumirá de forma colegiada las decisiones relacionadas con la selección, ascensos y remoción de jueces, magistrados y personal administrativo.
Para que estas resoluciones sean válidas, se requerirá el voto favorable de al menos ocho de los quince magistrados, es decir, mayoría simple.
En materia disciplinaria, la Corte deberá establecer un mecanismo mediante el cual tres magistrados propietarios se encarguen de conocer los procesos vinculados a posibles despidos.
Medida transitoria
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la atribución que ejercía la presidencia del Supremo tenía carácter provisional desde 2011, luego de que se declarara inconstitucional el anterior Consejo de la Judicatura. En ese sentido, señaló que la reforma no implica cambios constitucionales, sino una regulación de una situación transitoria dentro del Poder Judicial.
Tras la aprobación, el Legislativo designó una comisión especial que sostendrá reuniones con los magistrados de la Corte Suprema para avanzar en la elaboración de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, con el objetivo de establecer un esquema definitivo para la administración del sistema de justicia.
Llamado al diálogo
Previo a la votación, la presidenta de la Corte Suprema había solicitado respeto a la independencia judicial y propuso la instalación de una mesa interinstitucional para analizar los alcances técnicos y jurídicos de la reforma.
Obando también pidió una reunión de alto nivel con las autoridades del Congreso y la comisión encargada del dictamen, con la intención de promover una revisión amplia del marco legal del sector justicia, incluyendo la actualización de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.
La reforma abre un nuevo capítulo en el debate sobre la distribución de competencias dentro del sistema judicial hondureño y sobre el equilibrio entre los poderes del Estado.
