Exfiscal anticorrupción guatemalteco Stuardo Campo cumple tres años en prisión preventiva
El exfiscal anticorrupción guatemalteco Stuardo Campo, considerado por diversas organizaciones sociales como “preso político”, cumple este miércoles tres años de encierro tras su detención en mayo de 2023 por presuntas irregularidades en su labor, denunció su defensa.
La abogada de derechos humanos y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, calificó la situación de Campo como una “injusticia” y señaló que los jueces son responsables de limitar derechos que no constituyen delitos.
Campo dirigió investigaciones por sobornos y malversación de fondos en la Fiscalía contra la Corrupción entre 2016 y 2022. Actualmente enfrenta procesos judiciales por supuestas irregularidades en la gestión de expedientes e incumplimiento de deberes en los casos de corrupción conocidos como “Libramiento de Chimaltenango” y “Zolic”.
El exfiscal fue detenido inicialmente el 26 de mayo de 2023 y nuevamente el 18 de diciembre del mismo año. Desde entonces permanece en prisión preventiva, mientras sus audiencias han sido suspendidas más de una docena de veces. En julio de 2025 fue absuelto de un proceso previo.
Para González, su acompañamiento legal y moral a Campo surge de la experiencia personal de haber sido criminalizada y privada de libertad durante 82 días por un caso que considera de “venganza”.
Restricciones en derechos y tradiciones
La abogada destacó que la prisión prolongada no solo limita la libertad física, sino también el derecho de Campo a compartir con su familia y mantener sus tradiciones, especialmente durante Semana Santa, donde participaba en procesiones desde la infancia.
“Cada quien tiene sus razones para cargar procesiones, que implican ayuno y penitencia. En este caso, se le ha vedado a Stuardo esa posibilidad”, explicó González.
Su labor actual también incluye el apoyo a familias de otros operadores de justicia detenidos, quienes enfrentan restricciones de visitas y dificultades para su sustento debido a la prolongación de la prisión preventiva.
“Es una verdadera injusticia no otorgarle medidas sustitutivas que le permitan dilucidar su situación en libertad, porque el encierro prolongado agrava la situación física, emocional y hasta alimentaria”, agregó la jurista.
El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras —sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción—, mantiene las acusaciones contra Campo. Junto a él, otros detenidos como el viceministro de Energía Luis Pacheco y el líder indígena Héctor Chaclán han sido señalados por organizaciones no gubernamentales como “presos políticos” en Guatemala.
Agencias
