Panamá ordena primeras indemnizaciones por envenenamiento masivo con dietilenglicol
Tras casi dos décadas de denuncias, la justicia de Panamá comenzó a emitir los primeros fallos de reparación para víctimas del envenenamiento con dietilenglicol, una sustancia industrial que fue utilizada en un jarabe para la tos elaborado por la Caja del Seguro Social (CSS).
El caso, considerado uno de los más graves de este tipo a nivel mundial, dejó centenares de muertos y afectados con secuelas crónicas, luego de que el medicamento contaminado se distribuyera entre 2004 y 2006.
Según información oficial, el tribunal supremo ordenó el pago de indemnizaciones por daños morales a tres víctimas, además de exigir disculpas públicas por parte de la institución responsable. Actualmente, se tramitan al menos 472 demandas contra el Estado vinculadas a este caso.
De acuerdo con registros de las propias víctimas, más de 800 personas habrían fallecido, aunque las cifras oficiales son menores.
Cadena de errores y falsificaciones
Un informe conjunto de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud concluyó que la tragedia tuvo su origen en una cadena internacional de suministros marcada por falsificaciones, fallas de control y negligencia.
El documento detalla que se produjeron unas 260.000 botellas del jarabe, de las cuales más de 60.000 fueron distribuidas sin cumplir con los controles sanitarios adecuados.
Análisis posteriores revelaron niveles de dietilenglicol hasta 80 veces por encima de lo permitido, además de concentraciones irregulares de otros componentes.
El informe también señala irregularidades en la documentación de proveedores internacionales, incluyendo empresas de China y una intermediaria en España, aunque estos actores no fueron procesados judicialmente.
Un caso aún abierto
Por estos hechos, una docena de exfuncionarios y empresarios fueron llevados a juicio, pero solo cinco recibieron condenas de entre uno y cinco años de prisión.
Mientras avanzan los procesos judiciales, las víctimas continúan exigiendo justicia integral y el reconocimiento total del alcance de una tragedia que marcó al sistema de salud panameño.
