Corte de Constitucionalidad autoriza la construcción de megacárcel para pandilleros en Guatemala
La Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial de Guatemala, autorizó este jueves la reanudación de la construcción de una megacárcel destinada a albergar a 2.000 reclusos de alta peligrosidad, tras anular una resolución previa que había paralizado las obras.
El centro penitenciario, denominado “El Triunfo”, forma parte de la estrategia del Gobierno guatemalteco para enfrentar a las pandillas y será construido en una finca incautada al narcotráfico en el departamento de Izabal, a unos 290 kilómetros al noreste de la capital.
Proyecto penitenciario podrá reanudarse
La obra había sido suspendida el mismo día en que el presidente Bernardo Arévalo colocó la primera piedra, el pasado 27 de marzo, luego de que un tribunal de apelaciones ordenara detener los trabajos.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad determinó que dicho tribunal no tenía competencia para frenar el proyecto, por lo que aceptó el recurso presentado por el ministro de Defensa, Henry Sáenz, permitiendo así la continuidad de la construcción.
El funcionario confirmó que, tras el fallo, “ya podemos construir”, y estimó que las labores se retomarían en aproximadamente dos semanas.
Debates sobre seguridad y riesgos
El tribunal de apelaciones había respaldado un recurso que advertía sobre posibles riesgos de inundaciones en la zona, así como eventuales problemas de evacuación de emergencia de los reclusos, lo que podría representar un peligro para la población cercana.
Pese a ello, el proyecto sigue en marcha con una inversión estimada en 130 millones de dólares y una finalización prevista dentro de un año.
Política de seguridad contra pandillas
La megacárcel “El Triunfo” es una de las principales apuestas del Gobierno de Arévalo en su estrategia contra las pandillas, que en los últimos años han protagonizado episodios de violencia en el país, incluidos ataques contra fuerzas de seguridad y motines en centros penitenciarios.
El Ejecutivo ha negado que este proyecto sea una réplica del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, impulsado por el presidente Nayib Bukele.
El modelo salvadoreño ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos debido a detenciones masivas y denuncias de abusos bajo el régimen de excepción vigente desde 2022.
