Fiscal general de Guatemala no logra integrar la Corte de Constitucionalidad
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, no consiguió este martes avanzar en su aspiración de integrar la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país. El cargo le habría otorgado inmunidad en medio de cuestionamientos internacionales por presuntos actos de corrupción.
Guatemala se encuentra desde enero en un proceso de renovación de sus principales instancias judiciales. El presidente Bernardo Arévalo ha señalado que este proceso representa una oportunidad para combatir estructuras de corrupción dentro del sistema de justicia.
Sin respaldo en la votación
Porras, cuyo período al frente del Ministerio Público concluye en mayo, no obtuvo votos en la elección realizada por la Corte Suprema para designar a sus representantes ante el tribunal constitucional, cuyas resoluciones son definitivas.
En esa votación fueron reelegidas Dina Ochoa y Claudia Paniagua. Ochoa ha sido identificada como cercana a los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, mientras que Paniagua figura entre los funcionarios sancionados por Estados Unidos.
Sanciones y controversias
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones contra Porras, a quien señalan de prácticas “corruptas” y de acciones contrarias al orden democrático, especialmente por su actuación durante el proceso que llevó a Arévalo a la Presidencia.
La fiscal, de 72 años, rechaza los señalamientos y sostiene que enfrenta una persecución política. También ha negado acusaciones relacionadas con la salida al exilio de exfiscales anticorrupción, periodistas y líderes sociales, así como señalamientos de expertos de la ONU que la vinculan con presuntas adopciones irregulares de niños indígenas durante el conflicto armado interno.
Las posibilidades de que continúe al frente del Ministerio Público son reducidas, ya que corresponde al presidente designar al próximo fiscal general.
Arévalo ha acusado a Porras de integrar el llamado “pacto de corruptos”, un supuesto entramado de actores políticos y económicos que, según el mandatario, influye en el sistema judicial para proteger intereses ilícitos.
Elecciones pendientes y debate político
El Congreso tenía previsto elegir este martes a otros dos magistrados del tribunal constitucional, pero la sesión fue suspendida por falta de quórum y reprogramada para el jueves. El presidente deberá nombrar posteriormente a los dos magistrados restantes para completar el órgano de diez integrantes.
Entre los aspirantes respaldados en el Legislativo figura Roberto Molina Barreto, quien busca continuar en el cargo y ha sido cuestionado por fallos relacionados con un líder de la pandilla Barrio 18, organización catalogada como terrorista por Estados Unidos.
El mandatario anunció que solicitará al Departamento de Estado aclaraciones sobre versiones que apuntan a un eventual respaldo estadounidense a esa candidatura. Por su parte, el encargado de negocios de la embajada en Guatemala, John Barrett, afirmó que se respetarán los procesos institucionales, aunque advirtió que no se permitirá la influencia del narcotráfico ni del crimen organizado.
Además de los magistrados constitucionales y del fiscal general, el país debe renovar a los integrantes titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y al titular de la Contraloría General.
